Alcaldía de Santiago aclara embargo a las cuentas personales de Abel Martínez

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Abel Martínez, Presidente de la Cámara de Diputados por el Partido de la Liberacion Dominicana. Fotos: Carmen Suárez/acento.com.do Fecha: 24/04/2012

La dirección legal del Ayuntamiento de Santiago aclaró este jueves que el embargo trabado sobre las cuentas personales del alcalde Abel Martínez, obedece a una decisión “distorsionada” mediante una sentencia civil realizada por una firma de abogados, en representación de un supuesto suplidor de la gestión que encabezó el entonces síndico, José Enrique Sued Sem.

La decisión del magistrado juez, Ramón Francisco Ureña Ángeles, está contenida en una sentencia civil de la Tercera Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Santiago, en la cual se ordena el pago de facturas de servicios a favor de Ignacio Paulino, ascendente a unos RD$5, 272,339.20, por concepto de alquiler de equipos a esa entidad edilicia durante los años 2008 y 2009.

La nota de prensa del cabildo indica que la decisión fue recurrida en tiempo, y que la misma está pendiente de fallo en la corte de apelación de esta demarcación judicial.

De acuerdo al equipo legal de la alcaldía, la decisión del juez tiene consideraciones afectadas de errores por interpretación de las normas legales invocadas por las partes y de experiencias jurisprudenciales, degenerando una demanda rutinaria de cobros de pesos, en una demanda de responsabilidad patrimonial en contra de los bienes del principal ejecutivo municipal, lo que consideran como falta grave.

Condenó además la actitud del Banco Popular, por no analizar que esta no era una demanda de responsabilidad patrimonial, ni tampoco que el tribunal nunca estableció que se condenaba de manera solidaria al alcalde Martínez, tampoco puntualiza sobre en qué consiste su responsabilidad.

Los representantes legales tanto del Ayuntamiento, como del alcalde, también criticaron la forma que de manera “alegre e irresponsable” la entidad de intermediación financiera (Banco Popular) y sus ejecutivos procedieron a emitir una certificación, que alegan “hoy es utilizada de manera mal intencionada en todos los medios de comunicación de masas y redes sociales, de la ciudad y el país”.

Indica que la decisión rendida en contra del alcalde municipal, en primer término, y luego del Ayuntamiento de Santiago, constituye un funesto precedente que no debe pasar por desapercibido, pues el mismo degeneraría en una especie de cacería de brujas sobre los bienes de todos los que ostenten posiciones dirigenciales en el aparato del Estado,.

En tal sentido, precisaron que preparan una respuesta «contundente» al respecto.

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